A propósito de esta controversia, se publica que el papa Benedicto XVI condena
el matrimonio gay; para ser más precisos, el Papa se muestra contrario a todas
las leyes “que en nombre de la lucha contra la discriminación atentan contra el
fundamento biológico de la diferencia entre sexos”.
Lo acaba de manifestar Benedicto XVI ante los embajadores de los 178 Estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a los que recibió en el Vaticano en la tradicional audiencia de comienzo del año. Por tanto, más clara el agua.
Es decir, teólogos eminentes como Xabier Pikaza, Benjamín Forcano, Carlos Domínguez, Juan José Tamayo, E. Drewermann, Hans Küng, Andrés Torres Queiruga, José Vico Peinado, Juan Masiá Clavel y José María Castillo (entre otros varios cuyas ideas sobre la homosexualidad no coiciden cien por cien con las del Magisterio, más miles y miles,innúmeros casi, de católicos anónimos) quedan deslegitimados por el magisterio del Papa.
Lo anterior lo comprendo. Sin embargo, lo que me cuesta más comprender es cómo debe ser la actuación de las leyes de los Estados laicos y aconfesionales. Está claro, muy claro por sus palabras, que el Papa está convencido, como gran creyente que es, como buen anunciador del kerigma que es, como vicario de Cristo que es, que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad es válida para católicos y para personas de buena volunad. Sin embargo, y a pesar de la buena voluntad del Pontífice (en realidad, el título pontífice siempre me ha parecido antivangélico, como el de santidad, santo padre, beatitud; y no veo empero que la Iglesia se empeñe en enterrarlos en las trastiendas del Vaticano, por antievangélicos), el hecho empírico es que las sociedades modernas no son -a Dios gracias- confesionalmente católicas, de manera que incluso millones de personas en España, sin ir más lejos, son furibundamente anticatólicas. Entre esas, sin duda cientos o miles de personas homosexuales de ambos géneros. Siendo esto así, los gobernantes del Estado ¿deben legislar para los no católicos con las convicciones propias de la religión católica?, ¿o es más bien que oponerse al reconocimiento público y jurídico de las uniones homosexuales es algo que va más allá del hecho y de la fe y doctrina católicos?
Otra cosa. Hasta no hace mucho, en no pocas naciones o países no existía en el código civil la figura jurídica del matrimonio civil, que hoy sí existe y que es plenamente reconocida. En gran medida, si no existía era por influjo clerical, mejor, eclesial, eclesiástico, de manera que se ha acabado imponiendo en las sociedades modernas democráticas a pesar de la inicial oposición de la Iglesia. Así las cosas, ¿no estará pasando algo similar con el reconocimiento jurídico del llamado matrimonio homosexual?
Lo que acabo de decir lo veo más difícil; bueno, en relida lo veo imposible: el Magisterio estoy convencido de que jamás de los jamases aceptará como normales las práctricas homosexuales, ni tampoco la licitud de las leyes democráticas reguladoras de las uniones civiles para las personas homosexuales. A pesar de las exégesis y hermenéuticas de las nuevas corrientes teológicas.
12 DE ENERO 2010 BLOG DE XABIER PIKAZA
Lo acaba de manifestar Benedicto XVI ante los embajadores de los 178 Estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede, a los que recibió en el Vaticano en la tradicional audiencia de comienzo del año. Por tanto, más clara el agua.
Es decir, teólogos eminentes como Xabier Pikaza, Benjamín Forcano, Carlos Domínguez, Juan José Tamayo, E. Drewermann, Hans Küng, Andrés Torres Queiruga, José Vico Peinado, Juan Masiá Clavel y José María Castillo (entre otros varios cuyas ideas sobre la homosexualidad no coiciden cien por cien con las del Magisterio, más miles y miles,innúmeros casi, de católicos anónimos) quedan deslegitimados por el magisterio del Papa.
Lo anterior lo comprendo. Sin embargo, lo que me cuesta más comprender es cómo debe ser la actuación de las leyes de los Estados laicos y aconfesionales. Está claro, muy claro por sus palabras, que el Papa está convencido, como gran creyente que es, como buen anunciador del kerigma que es, como vicario de Cristo que es, que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad es válida para católicos y para personas de buena volunad. Sin embargo, y a pesar de la buena voluntad del Pontífice (en realidad, el título pontífice siempre me ha parecido antivangélico, como el de santidad, santo padre, beatitud; y no veo empero que la Iglesia se empeñe en enterrarlos en las trastiendas del Vaticano, por antievangélicos), el hecho empírico es que las sociedades modernas no son -a Dios gracias- confesionalmente católicas, de manera que incluso millones de personas en España, sin ir más lejos, son furibundamente anticatólicas. Entre esas, sin duda cientos o miles de personas homosexuales de ambos géneros. Siendo esto así, los gobernantes del Estado ¿deben legislar para los no católicos con las convicciones propias de la religión católica?, ¿o es más bien que oponerse al reconocimiento público y jurídico de las uniones homosexuales es algo que va más allá del hecho y de la fe y doctrina católicos?
Otra cosa. Hasta no hace mucho, en no pocas naciones o países no existía en el código civil la figura jurídica del matrimonio civil, que hoy sí existe y que es plenamente reconocida. En gran medida, si no existía era por influjo clerical, mejor, eclesial, eclesiástico, de manera que se ha acabado imponiendo en las sociedades modernas democráticas a pesar de la inicial oposición de la Iglesia. Así las cosas, ¿no estará pasando algo similar con el reconocimiento jurídico del llamado matrimonio homosexual?
Lo que acabo de decir lo veo más difícil; bueno, en relida lo veo imposible: el Magisterio estoy convencido de que jamás de los jamases aceptará como normales las práctricas homosexuales, ni tampoco la licitud de las leyes democráticas reguladoras de las uniones civiles para las personas homosexuales. A pesar de las exégesis y hermenéuticas de las nuevas corrientes teológicas.
12 DE ENERO 2010 BLOG DE XABIER PIKAZA
No hay comentarios:
Publicar un comentario